BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)
Los países de la Unión Europea han fijado este lunes su postura de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo para reformar el sistema europeo de homologación de vehículos, que busca endurecer los controles y da más poderes a la Comisión Europea para imponer sanciones por cada coche trucado.
De esta forma, el Consejo de la UE - la institución que representa a los Estados miembros - y la Eurocámara podrán empezar las negociaciones. El Ejecutivo comunitario presentó su propuesta en enero de 2016, escasos meses después de que se conociera el escándalo de manipulación de emisiones del fabricante alemán Volkswagen.
La nueva normativa permitirá a Bruselas imponer multas de hasta 30.000 euros por vehículo trucado a los fabricantes de vehículos si no han sido impuestas con anterioridad por el país involucrado. Además, la Comisión Europea podrá llevar a cabo controles e inspecciones de vehículos para verificar el cumplimiento de las reglas comunitarias y reaccionar a las irregularidades.
La posición negociadora del Consejo incluye obligar a los países supervisar uno de cada 50.000 coches que recibieron la autorización el año anterior. Esta cifra es inferior a la que defiende el Parlamento Europeo, pero el Ejecutivo comunitario cree que es una buena noticia que se mantenga en principio, aunque aún haya que determinar la proporción concreta, según han explicado fuentes comunitarias.
Por otro lado, los controles incluyen la verificación de las emisiones de los vehículos bajo situaciones de conducción real. La posición del Consejo de la UE también recoge la exigencia a los Estados miembros para financiar las actividades de supervisión mediante tasas que se cobraran a los fabricantes.
Asimismo, los países de la UE con menos recursos podrán solicitar a otros países del bloque comunitario que efectúen los controles de homologación en su lugar.
De la misma forma, la normativa incluye el establecimiento de un sistema de auditoría mediante el cual las autoridades nacionales de homologación serán arbitradas por otras dos autoridades nacionales de otros Estados miembros al menos una vez cada cinco años. Bruselas podrá participar en estas evaluaciones y deberá hacer públicos los resultados de los análisis.
Por último, los Veintiocho han apoyado la creación de un foro para el intercambio de información son el objetivo de armonizar las diferentes prácticas e interpretaciones entre los Estados miembros.
La comisaria de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, ha recordado que "casi dos años después del escándalo de emisiones" se siguen conociendo "nuevas denuncias, revelaciones e investigaciones". "Es momento de tener un sistema de homologación de vehículos creíble y hermético. Se lo debemos a los ciudadanos y a los fabricantes que no recurrieron a la manipulación", ha añadido.
Las negociaciones entre la Eurocámara y los Estados miembros comenzarán meses después de que Bruselas abriera en diciembre expediente a España y otros seis países (Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, República Checa, Lituania y Grecia) por no haber sancionado el uso de dispositivos fraudulentos para manipular la medición de emisiones contaminantes en motores de Volkswagen.
