MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) ha valorado positivamente la publicación del informe del Consejo de Estado sobre el futuro sistema de e-credits y reclama que la futura regulación española, así como las órdenes ministeriales asociadas, reconozcan plenamente el papel de la electricidad en la descarbonización del transporte, con el finde de contribuir a acelerar el despliegue de infraestructura de recarga en todo el país.
El sistema, contemplado en la Directiva europea RED III y pendiente de aprobación definitiva en España, permitirá que la electricidad renovable suministrada a vehículos eléctricos genere certificados negociables que podrán ser adquiridos por las compañías obligadas a reducir la intensidad de carbono de los combustibles que comercializan.
Para AORU, este mecanismo representa una oportunidad para impulsar la transición energética mediante instrumentos de mercado y sin necesidad de recurrir a financiación pública adicional.
"Los e-credits tienen el potencial de convertirse en una de las herramientas más eficaces para acelerar la electrificación del transporte en España. Permiten reconocer económicamente el esfuerzo de quienes contribuyen a la descarbonización y generan una señal estable para atraer inversión privada hacia el despliegue de infraestructura de recarga con un coste nulo para el presupuesto del Estado", ha explicado el presidente de AORU, Bastien Verot.
Los e-credits tienen como objetivo traducir en valor económico la contribución de la movilidad eléctrica a la reducción de emisiones. A través de este sistema, los operadores de recarga podrán certificar y comercializar los MWh de electricidad renovable suministrados a vehículos eléctricos, mientras que las compañías sujetas a objetivos de descarbonización podrán adquirir esos créditos para cumplir parte de sus obligaciones regulatorias.
La asociación recuerda que este instrumento forma parte de las medidas impulsadas por la Unión Europea para reducir las emisiones de carbono de los combustibles por carretera un 14,5% en 2030 y un 30% en 2035. En el caso español, AORU considera que puede contribuir a reforzar la soberanía energética mediante una mayor utilización de energía renovable en el transporte.
El desarrollo normativo se encuentra en una fase avanzada. Tras las consultas públicas celebradas en septiembre de 2025 y enero de 2026, y el reciente informe del Consejo de Estado, el Real Decreto está pendiente de su publicación en el BOE y de la publicación de una orden ministerial complementaria para la electricidad. La entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.
IMPACTO ECONÓMICO RELEVANTE
Para los operadores de recarga ultrarrápida, el impacto económico del sistema resulta especialmente relevante. Según explica AORU, una electrolinera de alta potencia requiere inversiones que pueden superar los 500.000 euros por instalación, incluyendo el terreno, la conexión a la red, los transformadores y el equipamiento de recarga.
En este contexto, los e-credits pueden convertirse en una fuente adicional de ingresos que contribuya a mejorar la rentabilidad de las inversiones, acelerar la amortización de las estaciones existentes y facilitar el desarrollo de nuevos emplazamientos que actualmente presentan mayores dificultades para alcanzar niveles adecuados de rentabilidad.
Además, al tratarse de un mecanismo de mercado y no de una subvención, la asociación considera que puede ofrecer una señal de inversión estable y predecible para los actores financieros interesados en participar en el despliegue de infraestructura de recarga durante los próximos años.
La experiencia de otros países europeos demuestra que el diseño regulatorio es determinante para el éxito del sistema. Según AORU, los mercados que han reconocido el papel de la electricidad en la descarbonización han logrado convertir los e-credits en un incentivo efectivo para el desarrollo de nueva infraestructura y permiten reducir el precio de la recarga ultra rápida para los conductores.
"España tiene la oportunidad de diseñar un sistema que reconozca plenamente el papel de la electricidad en la descarbonización del transporte. La experiencia de otros países demuestra que los detalles regulatorios marcarán la diferencia entre un mecanismo capaz de acelerar el despliegue de infraestructura y una oportunidad desaprovechada", afirma Verot.
