(EL MUNDO)
La vuelta del verano ha traído poco más que malos datos para los concesionarios de automóviles. Si el pasado mes de junio exigían a las administraciones autonómicas el pago de las subvenciones prometidas del 2000E con la amenaza de una reclamación por vía administrativa, hoy por hoy siguen sin respuesta.
Hasta el pasado 30 de agosto, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura adeudaban a los vendedores de coches el pago de 3,4 millones de euros por falta de presupuesto, según datos a los que ha tenido acceso este diario. La cifra aún podría crecer durante este mes, ya que hay concesionarios de estas autonomías que conservan cupos para matricular vehículos con las subvenciones del 2000E y tratarán de aprovecharlos.
«Antes de ir al juzgado reclamaremos por vía administrativa. Es cierto que para las pequeñas y medianas empresas esta morosidad es un gran problema, pero al menos es una deuda reconocida por las propias administraciones así que, sin saber cuándo, tenemos la seguridad de cobrar», explica Blas Vives, secretario general de la asociación de concesionarios Faconauto. Para los vendedores de coches, el mayor quebradero de cabeza está en los coches que el Ministerio de Industria no ha reconocido con derecho a las ayudas del 2000E. Industria ha recibido de los concesionarios representados por las asociaciones Ganvam y Faconauto 6.000 solicitudes adicionales de subvenciones.
Los distribuidores culpan a fallos técnicos del sistema informático que gestiona el 2000E de no reconocer este paquete de ayudas solicitadas, que tiene un valor de seis millones de euros. «Admitiremos un descarte mínimo de estas solicitudes porque estamos convencidos de que la mayoría están bien fundamentados. Pero si es un gran porcentaje, reclamaremos por la vía judicial», advirtió Faconauto. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, indicó ayer que estos 6.000 expedientes serán revisados «con espíritu constructivo».
Esta solución supondría utilizar el remanente de los presupuestos de 2000E en 2009 y 2010, que ascenderá a cerca de tres millones de euros, para pagar las operaciones demandadas. Pero no bastaría.Actualmente Fitsa -organismo encargado de gestionar los pagos- analiza estos expedientes. El resultado se remitirá en mes y medio a Industria, cuyos servicios jurídicos determinarán cuáles se pagan y cuáles no, según explicaron fuentes conocedoras del proceso. Estas mismas fuentes subrayaron que no hubo fallo técnico por parte del sistema informático que administra la recepción de expedientes, lo que sería demostrable ante un juez.
