Cómo se anula una Ley que no ha entrado en vigor pero que es intocable en su trámite hacia el BOE? El Gobierno, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios que votaron la semana pasada a favor de imponer un nuevo marco legal para la distribución de automóviles comenzaron ayer a trabajar para deshacerlo.Así, con la etiqueta de «urgente», el Ministerio de Industria se comprometió ayer a sacar adelante en el plazo de tres meses una nueva ley de Distribución que evite una guerra entre fabricantes de vehículos y concesionarios. Más que el conflicto mercantil, lo que preocupa a la Administración son los daños colaterales que provocaría. Los productores de automóviles anunciaron la semana pasada que la norma aprobada es irresponsable y pone en peligro dos millones de empleos.El compromiso del responsable de Industria, Miguel Sebastián, se produjo como conclusión del encuentro que mantuvo con sus homólogos de los gobiernos autonómicos con fábricas de automóviles en su territorio: Cataluña, Aragón, Castilla León, Galicia, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana. Como un calcetínLa norma que debe entrar en vigor en los próximos días da la vuelta como un calcetín a las relaciones mercantiles que hasta ahora regían a los fabricantes de coches y sus concesionarios.
Establece que, en caso de cancelación de contrato, estos últimos deberán recibir indemnizaciones por inversiones realizadas, personal despedido, clientes ganados... Además de obligar a las marcas a recomprar el stock de coches y piezas no vendido. Es la Ley, pero ningún fabricante la considera viable.
En su declaración conjunta, el ministro y los consejeros de Industria pidieron a los grupos parlamentarios -compañeros de partido, por otra parte- que reconsideren la ley aprobada hace siete días por los efectos que puede tener sobre el mercado y la industria del automóvil, que en mayor o menor grado es uno de los puntales de las economías en sus territorios.
Además, llamaron a las partes en conflicto a negociar para que el nuevo texto que Industria llevará al Consejo de Ministros en los próximos meses se tramite se vote y se apruebe con la mayor agilidad posible. El compromiso de Sebastián pasa por recoger en el texto las preocupaciones de las dos partes «de forma equilibrada», lo que supone una novedad dado que hasta ahora Industria se había alineado con las tesis de los fabricantes. Precisamente hoy ha convocado a representantes de concesionarios y marcas para limar diferencias y forzar una tregua que desemboque en la nueva Ley de Distribución. Entre los problemas que podría encontrarse el desarrollo de esta norma destaca que involucraría a otros sectores. Por eso, fuentes consultadas indicaron que el sector del automóvil podría contar con un apéndice específico en el texto. La norma quedará después pendiente de la aprobación en el Parlamento. Y parece que, en su segundo paso por las Cámaras, los apoyos que recibirá serán distintos a los de la semana pasada.
El PNV, promotor de la enmienda introducida en la Ley de Economía Sostenible, advirtió ayer sus sospechas de que la norma apoyada por PP y CiU en el Congreso no tendrá efectos en la vida real. Su portavoz, Josu Erkoreka, lo achacó a que hoy el Gobierno legisla y hace trabajar a las Cámaras «a uña de caballo». «Se legisla desde la convicción de que las leyes que se aprueban serán modificadas nuevamente, con la misma prisa y ligereza, dentro de un estrecho horizonte temporal», sostuvo citando como ejemplo el caso de los concesionarios.
Más concreto fue Jose Antonio Durán y Lleida, portavoz de CiU, quien, señaló que la ley que todos quieren anular servirá al menos para que las «partes se sienten a negociar»y se promueva una norma que era compromiso del Gobierno. «La enmienda es muy dura para fabricantes y habrá que buscar un contenido más admisible para ambas partes. En eso estamos, e incluso antes que el Ministerio», remarcó. El PP mientras tanto, seguía evaluando las conse
