(EFE)
El Gobierno quiere que se saquen todas las lecciones posibles, que haya una nueva organización, una nueva concepción de la dirección, afirmó Besson, en declaraciones a la emisora de radio "France Info", poco antes del inicio de un consejo de administración excepcional para abordar este asunto.
Para subrayar la gravedad del asunto, recordó que uno de los tres directivos despedidos a comienzos de año llevaba 33 años trabajando en la empresa, y fue apartado "por un solo testimonio débil".
"Esto revela un sistema de dirección y una forma de gestión que no puede perpetuarse", sentenció.
El Estado francés tiene dos representantes (de un total de 19) en el consejo de administración de Renault ya que es el primer accionista con un 15 % del capital.
La reunión extraordinaria servirá para examinar en profundidad las conclusiones de la auditoría externa que el grupo automovilístico encargó en marzo para determinar por qué se llegó tan lejos en las denuncias de espionaje, cuando luego se ha visto que los elementos de prueba procedían de una sola fuente con comportamiento sospechoso.
La ministra de Economía consideró que ese informe muestra que "ha habido disfunciones evidentes" que requieren dos cosas: "la revisión de las reglas de gestión y las sanciones".
"Si se han cometido faltas, los que son responsables tienen que irse si esas faltas lo justifican", indicó Lagarde, que dijo haber dado instrucciones a los representantes del Estado en el consejo de administración para que "apoyen las recomendaciones del comité de auditoría".
Estos comentarios parecían confirmar las informaciones publicadas hoy por la prensa sobre la sustitución de algunos altos directivos de la compañía, entre los que estaría en particular el nombre del director general, Patrick Pélata, pero no el presidente, Carlos Ghosn.
Más allá de esas destituciones, otro punto con el que tienen que lidiar los administradores de Renault es el de las indemnizaciones millonarias reclamadas por los tres directivos despedidos en enero.
Según la revista "Marianne", los tres hombres exigen en total más de 11 millones de euros para evitar un proceso que correría el riesgo de mantener durante meses la atención mediática sobre Renault por este escándalo
